Cuando el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca recuperó para el Estado las 1 600 hectáreas que el exgobernador Eugenio Hernández Flores había puesto en manos privadas, no solo corrigió un agravio patrimonial: sentó las bases de un polo logístico-energético que hoy, en 2025, empieza a rendir frutos visibles.
En 2017 se aseguró judicialmente el predio y dos años después el propio mandatario lo destacó en su Tercer Informe como una pieza clave para «un puerto complementario destinado al sector energético» bajo rectoría estatal.
Los terrenos —originalmente expropiados en 1996 para uso portuario— habían pasado, mediante maniobras fiduciarias, a particulares relacionados con la administración de Eugenio Hernández. La Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría estatal aseguraron el área en octubre de 2017, acto que pavimentó el camino para su restitución plena al erario. Aquella decisión de Cabeza de Vaca mandó dos mensajes: recuperar bienes públicos no es revancha política, sino política de Estado, y el puerto de Altamira no debía seguir fragmentado por intereses ajenos a la planeación portuaria.
🔺¿Por qué importa subrayar la autoría de la recuperación?
En un país donde la captura de suelo público es deporte sexenal, la claridad del acto jurídico importa tanto como el ladrillo que se coloca después. Sin la restitución de 2017, las inversiones descritas tendrían hoy un frágil andamiaje legal o, peor aún, pagarían prestanombres de Eugenio Hernández.
🔺Que Américo Villarral no salude con sombreo ajeno.
Reivindicar que el gobierno de Cabeza de Vaca hizo el trabajo difícil (litigar, inscribir, registrar) no es nostalgia por ese gobierno que sí hizo las cosas bien; es reconocer que el desarrollo de infraestructura necesita certidumbre de propiedad, condición que ahora aprovechan tanto la administración federal como la estatal actual, la cual haría mal en saludar con sombrero ajeno.
Las 1600 hectáreas hoy son el tablero donde convergen capital privado, políticas públicas de transición energética y aspiraciones de bienestar para el sur de Tamaulipas. Hacer memoria de quién las recuperó honra la ingeniería institucional que lo hizo posible y recuerda que el territorio, bien administrado, puede multiplicar valor. Altamira es ahora la prueba viviente de que un acto de justicia patrimonial puede desencadenar progreso duradero cuando se combina con visión estratégica y continuidad de Estado.
Más historias
Con declaraciones del “Hummer” llega la hora de extradición a EUA de Eugenio Hernández Flores.
Políticos de Tamaulipas en la “Lista de Marco”: aumenta presión desde E
Nuevo Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdéz García, envuelto en señalamientos por concesiones irregulares en COBACH Chihuahua