La llamada “Cuarta Transformación” presume ser un gobierno del pueblo y para el pueblo, pero sus prácticas recientes muestran lo contrario. Diversas funcionarias vinculadas a Morena han recurrido a denuncias judiciales para silenciar críticas, publicaciones incómodas o cuestionamientos públicos. Lo que en apariencia podría presentarse como una acción legal ordinaria, en muchos casos adquiere los rasgos de violencia política en razón de género: sanciones, hostigamiento jurídico, y el uso de la ley como instrumento para acallar voces disidentes.
Casos recientes que ejemplifican censura disfrazada
Karina Barreras, diputada del PT (aliado de Morena), denunció a una ciudadana por una publicación en la red X. La afectada fue obligada a ofrecer 30 disculpas públicas.
Tania Contreras, magistrada electa por Tamaulipas, demandó al periodista Héctor de Mauleón por una columna que abordaba el huachicol; exigió además que el texto fuera retirado.
Layda Sansores, gobernadora de Campeche, impuso un censor oficial después de que Jorge González criticara su gobierno.
Mara Chama, política de Veracruz, denunció al periodista Ángel Camarillo por publicar sobre nepotismo.
Dora Martínez, ex candidata a la Corte, emprendió acciones legales contra la actriz Laisha Wilkins por un tuit crítico.
Pareciera que para el partido oficialista las críticas que les ayudaron a llegar al poder ahora las usan con medidas represoras para silenciarlas
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