La administración de Donald Trump endureció su ofensiva contra la corrupción en México al cancelar las visas de al menos 50 funcionarios y políticos, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, la magistrada Tania Contreras y el fiscal anticorrupción Eduardo Govea Orozco, por presuntos nexos con el crimen organizado
La medida forma parte de un operativo de sanciones contra autoridades que habrían protegido a grupos criminales. En particular, Eduardo Govea Orozco es señalado como un vínculo directo entre la organización terrorista CDG y Américo Villarreal, a quien ahora buscan colocar como Fiscal General de Justicia de Tamaulipas.
Los estados con mayor número de funcionarios vinculados a organizaciones narco-terroristas son Tamaulipas y Sinaloa, reflejando la penetración del crimen organizado en la política local.
También figuran en la lista Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, entre otros.
En Tamaulipas, las sanciones alcanzaron al alcalde y ex alcalde de Matamoros, Alberto Granados y Mario López “La Borrega”, señalados por colaboración y protección al líder del CDG en esa ciudad fronteriza, Evaristo Cruz Sanchez alias “El Vaquero”
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